La acción de oro es un derecho que se reserva el Estado al privatizar una
empresa, un instrumento que suelen utilizar los Gobiernos tras la privatización de una empresa para seguir teniendo un mínimo control sobre ésta. Es decir, no poseen ninguna acción
propiamente pero se guardan el derecho a tomar posición frente algunas decisiones de la empresa.
El problema se plantea, sin embargo, una vez adoptada la decisión de privatizar una empresa que era pública, ya que tales empresas suelen actuar en sectores estratégicos de la economía nacional y los gobiernos nacionales no están dispuestos a perder definitivamente su capacidad de influir en sus decisiones.
El origen de “La Acción de Oro” y de los derechos especiales que ésta tiene se remonta al inicio de 1990 a la vera de la fiebre privatizadora que invadió la Unión Europea. Eran aquellos tiempos en los que gobiernos y empresas públicas tenían que romper lazos y por lo tanto muchas empresas hasta el momento públicas debían privatizarse. Empresas de telefonía, eléctricas, distribuidoras de agua, bancos, tabacaleras… eran vendidas por los gobiernos a aquellos que pudieran o quisieran comprar. Los Gobiernos europeos eran entusiastas a la hora de ingresar las ganancias derivadas de la venta de las grandes compañías de las que eran propietarios, pero se mostraban reacios a ceder su control a los nuevos propietarios privados. Por ello, algunos Gobiernos se reservaron una única acción, que llamaron Acción de Oro. Esta acción otorgaba un poder enorme al gobierno, ya que le permitía derechos exclusivos sobre determinadas operaciones estratégicas como el nombramiento por decreto de buen número de miembros del Consejo de Administración y altos ejecutivos de las empresas, acuerdos de fusión y adquisición o los de asociación con otras empresas.
La mera existencia de la Acción de Oro era una contraposición a la privatización de las empresas. El deseo de vender y cobrar se contraponía con el de mantener el control de las empresas. Esto chocaba con las intenciones de las Directivas de la Unión Europea. Y así lo hizo valer la Comisión Europea en su Comunicación de 1997 en la que defendía la incompatibilidad de la Acción de Oro con el Tratado de Roma y su filosofía del mercado único.
También el Tribunal de Justicia europeo condenó las acciones de oro en las sentencias dictadas en 2002-2005. En ellas siempre concluyó que, salvo excepciones, restricciones impuestas por algunos Gobiernos eran contrarias al derecho comunitario.
En los últimos años los Gobiernos europeos han ido renunciando progresivamente a la Acción de Oro sobre las empresas privatizadas y han optado cada vez más por la legislación ordinaria. Pero esto hay que agradecerlo a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE, que ha declarado ilegales la mayoría de las acciones de oro por considerarlas un obstáculo a la libre circulación de capitales, a las inversiones transfronterizas y al buen funcionamiento del mercado interior.
En el caso de España, las últimas Acciones de Oro expiraron hace relativamente poco, Repsol expiró el 2006, Telefónica el 2007 y Endesa el 2008.
Paralelamente a todos estos movimientos que se han ido dando los últimos 20 años, se ha ido desarrollando un marco reglamentario que permite a los Estados miembros utilizar medios mucho más previsibles y transparentes para asegurarse de que las empresas cumplen con sus obligaciones de interés general.
Porque no nos engañemos, es de interés de todos nosotros que ciertos sectores estén bajo la tutela estatal pero bajo una gestión privada.
Fuentes:
caixaofaixa.wordpress.com
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Lass islas del Pacífico Sur han permanecido durante mucho tiempo aisladas del resto del mundo.
Sus pobladores vivían en una sociedad tribal anclada en el pasado.
El Partido Nacional Socialista
de los Trabajadores Alemanes (el partido nazi) es uno de los sistemas políticos más infames en la historia de la tierra, famoso por sus graves actos de crueldad y comportamiento totalmente
inhumano. 
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